Rehabilitación de Tocoma y Macagua: las dudas que rodean el acuerdo entre Corpoelec e Impsa
EEUU impulsa la recuperación del sistema eléctrico de Venezuela: reactivará una hidroeléctrica paralizada desde 2014 El acuerdo suscrito entre la estatal Corpoelec y la empresa argentina-estadounidense IMPSA para rehabilitar las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua , respaldado por Estados Unidos, comienza a generar cuestionamientos por los antecedentes de la compañía, el proceso de adjudicación y la falta de información pública sobre los términos del contrato.
Por lapatilla.com El periodista Emmanuel Alejandro Rondón puso bajo la lupa el convenio y advirtió sobre varios elementos que, a su juicio, deberían ser aclarados antes de avanzar con un proyecto considerado estratégico para enfrentar la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela.
Rondón recordó que IMPSA estuvo involucrada en la construcción de Tocoma , proyecto que quedó inconcluso hace más de una década.
Según el análisis publicado por el periodista, el presupuesto de la obra habría pasado de unos 3.000 millones de dólares a más de 9.000 millones, mientras que la entonces Asamblea Nacional denunció un desfalco superior a los 3.000 millones de dólares.
La empresa atravesó posteriormente un proceso de crisis financiera y fue rescatada por el Estado argentino antes de ser reprivatizada en 2025.
La propia IMPSA confirma que ese año fue adquirida por Industrial Acquisitions Fund y que Jorge Salcedo Hernández asumió la presidencia de la compañía.
Precisamente, la composición de la nueva directiva también forma parte de los cuestionamientos planteados por Rondón.
El periodista señala los antecedentes profesionales de algunos de sus integrantes y pide revisar las conexiones empresariales y políticas que rodean a la nueva estructura de la compañía.
LEE TAMBIÉN EEUU apunta a recuperar 2.640 megavatios para fortalecer el sistema eléctrico de Venezuela Uno de los nombres mencionados es el de Jorge Salcedo Hernández , quien actualmente aparece oficialmente como presidente de IMPSA y managing partner de Industrial Acquisitions Fund.
Otro punto que genera dudas es el mecanismo mediante el cual Corpoelec adjudicó el proyecto.
Rondón señala que el acuerdo habría sido concretado sin una licitación pública, cuestionamiento que también ha sido planteado públicamente por Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela, y por el dirigente opositor Jesús Armas.
El análisis también menciona que la nueva IMPSA mantiene reclamos económicos relacionados con obligaciones anteriores.
De acuerdo con información publicada sobre la reprivatización, el fondo estadounidense asumió una compañía con una deuda cercana a los 600 millones de dólares, posteriormente sometida a un proceso de reestructuración.
Para Rondón, la discusión resulta especialmente relevante debido a la situación del sistema eléctrico venezolano.
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