198 uniformados siguen presos por razones políticas

La excarcelación de cinco efectivos militares del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde (Cenapromil), en el estado Miranda, registrada este martes 18 de agosto, marca los primeros movimientos en el sector de la Fuerza Armada tras los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la representación del interinato, presidida por Jorge Rodríguez.

En un trabajo realizado por el equipo de Efecto Cocuyo, se indica que los funcionarios que salieron bajo medidas cautelares son el mayor del Ejército César Alejandro Girón Contreras, el sargento mayor de tercera Johandri Alberto Aguilar Leal, el sargento primero Jhorman Enrique Jiménez, el sargento segundo Jhonson Enrique García y el sargento segundo Edwin José Noguera.

Las condiciones impuestas por los tribunales incluyen presentación periódica, prohibición de salida del país y la restricción de ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación, manteniéndose abiertos los procesos judiciales en su contra.

El mayor Girón Contreras permanecía detenido desde el 13 de abril de 2025 tras un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracay, estado Aragua, vinculado a la deserción de un familiar.

Durante su privación de libertad, su pareja sentimental, quien fue detenida junto a él estando embarazada, dio a luz en el penal en octubre de 2025 y fue excarcelada en marzo de 2026.

Por su parte, los suboficiales Aguilar, Jiménez, García y Noguera permanecían bajo la jurisdicción penal militar acusados de presunta desobediencia y conspiración.

A pesar de estas medidas, el grueso de los efectivos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) continúa tras las rejas.

Un registro facilitado a Efecto Cocuyo por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabiliza exactamente 198 funcionarios y exintegrantes de organismos de seguridad en condición de prisioneros políticos.

Por solicitud de la ONG y a petición de las familias, que buscan resguardar la integridad y la seguridad de sus allegados, la nómina completa no se difunde de manera pública, aunque el documento permite establecer los rasgos dominantes de esta población penal.

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