El nuevo revés judicial que golpea una de las políticas migratorias de Trump

ICE enfrenta un nuevo revés judicial por su política de detención obligatoria de inmigrantes en EE.UU.

Crédito: Gregory Bull | AP La estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar la detención obligatoria de inmigrantes volvió a encontrar resistencia en los tribunales federales.

Por El Diario NY Un panel del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones determinó que el gobierno no puede interpretar de manera tan amplia la legislación migratoria para impedir que ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos tengan acceso a una audiencia de fianza.

La resolución, adoptada por una mayoría de 2 jueces contra uno, constituye un nuevo obstáculo para una política que el gobierno ha utilizado para mantener bajo custodia a personas que ya habían establecido su vida en el país antes de ser arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fallo se desprende de los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, 2 inmigrantes con varios años de residencia en EE.UU. que fueron detenidos por agentes de ICE.

El litigio llegó al tribunal de apelaciones después de que se cuestionara la base legal utilizada para negarles la posibilidad de solicitar su liberación mediante una audiencia.

El panel escuchó los argumentos del caso en mayo.

La opinión principal fue redactada por la jueza Patty Shwartz, quien estuvo acompañada por el juez Theodore McKee.

La jueza Jennifer Mascott, designada durante la administración Trump, presentó una opinión disidente.

Una interpretación de la ley que divide a los jueces El centro de la controversia está en la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que establece determinadas reglas de detención para personas consideradas solicitantes de admisión a EE.UU.

La administración Trump comenzó a apoyarse con mayor frecuencia en esta disposición a partir de 2025 para argumentar que algunos inmigrantes que se encuentran físicamente dentro del país pueden ser tratados, para efectos de detención, como personas que buscan ser admitidas.

Bajo esa interpretación, quedarían sometidos a un régimen que prácticamente elimina la posibilidad de obtener una fianza mediante una audiencia individual.

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