No a la exportación del mineral de hierro en bruto

La persistencia en exportar mineral de hierro en bruto constituye uno de los anacronismos más perjudiciales de la historia económica venezolana.

Durante décadas, el despacho de dicho mineral hacia centros siderúrgicos foráneos, perpetuó una lógica extractivista que entrega recursos no renovables a cambio de ingresos marginales.

Frente a esta inercia, la prohibición taxativa de exportar mineral sin procesar representa una decisión ineludible de soberanía productiva y responsabilidad intergeneracional.

El verdadero valor de nuestro hierro no radica en el volumen despachado en buques graneleros, sino en la capacidad de transformar cada tonelada dentro del territorio nacional.

Desde una perspectiva estratégica, resulta infinitamente más sensato resignar el ingreso inmediato de divisas de bajo impacto financiero y, en su lugar, conservar las reservas geológicas bajo tierra hasta que la infraestructura nacional cuente con la capacidad de procesarlas en su totalidad.

El subsuelo de Guayana no puede ser vaciado para abaratar los costos operativos de acerías extranjeras, mientras el aparato productivo local requiere insumos para su reactivación. Cada yacimiento agotado prematuramente con la exportación primaria, es una oportunidad clausurada para las generaciones venideras.

La ruta industrial debe establecer que todo el mineral extraído en los yacimientos de Bolívar, transite de forma obligatoria y exclusiva por la cadena de transformación interna: desde las plantas briqueteras de reducción directa, pasando por las acerías de Sidor y otros posibles proyectos siderúrgicos nacionales, hasta culminar en productos de alto valor como alambrón, cabillas, láminas, tubos y perfiles estructurales.

Este encadenamiento aguas abajo no solo multiplica exponencialmente el rendimiento económico de cada kilo de hierro, sino que alimenta el desarrollo de una densa red de pequeñas y medianas empresas transformadoras, capaces de generar empleo técnico de calidad y dinamizar las economías de Ciudad Piar, Puerto Ordaz y el resto del país.

Si la capacidad de procesamiento nacional no absorbe por ahora, todo el mineral susceptible de ser extraído, la política pública debe optar por la contención y la preservación: es preferible desacelerar el ritmo extractivo y mantener el activo geológico intacto, antes que malbaratarlo en los mercados internacionales sin valor añadido.

Venezuela posee ventajas estructurales únicas —la energía limpia del Caroní, el gas natural y yacimientos de extraordinario tenor— que solo rendirán frutos si se rompe definitivamente con la trampa del rentismo primario.

Prohibir la salida de mineral en bruto y exigir su procesamiento integral en casa, es el paso fundamental para consolidar una auténtica potencia industrial autosuficiente y sostenible.