Acuerdo petrolero de EEUU protege a sus socios, pero no garantiza ingresos a Venezuela
El acuerdo petrolero impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela protege los intereses de empresarios privados, pero no garantiza el pago de los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca, según una investigación publicada por ProPublica.
El medio estadounidense examinó un documento de 18 páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth.
El pacto concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El acuerdo permite a Washington comprar el 20 % de la producción de la compañía a 30 dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años.
Además, Estados Unidos podrá comprar toda la producción si declara una emergencia nacional.
Según ProPublica, las condiciones del pacto dificultan que futuros gobiernos puedan modificarlo.
La junta directiva estará integrada por siete miembros, con mayoría estadounidense, mientras que Betancourt conservará el cargo de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de sus integrantes.
La investigación también destaca que el documento no exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta directiva.
La empresa matriz está registrada en Barbados y las disputas con Estados Unidos deberán resolverse ante un tribunal federal de Texas, bajo la legislación estadounidense.
Rubio defendió anteriormente la selección de NABEP por su capacidad para aumentar la producción petrolera venezolana.
El secretario de Estado aseguró que la compañía podrá invertir en el sector y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela, mientras que los ingresos por la venta de crudo estarán sujetos a supervisión mediante la auditora KPMG.
Sin embargo, la investigación advierte que el acuerdo no establece una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
La empresa, por su parte, sostiene que el pacto permitirá atraer inversiones y generar beneficios económicos para ambos países.
La ausencia de garantías explícitas sobre esos ingresos plantea interrogantes sobre cuánto dinero recibirá efectivamente Venezuela y qué capacidad tendrá el país para supervisar los recursos derivados de su producción petrolera.
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