UCAB pide que nueva Ley de Universidades no responda a la «discrecionalidad o la administración de turno»

Aún no hay un borrador del texto, pero la propuesta de reforma de la Ley de Universidades ya está sobre la mesa.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó a principios de octubre abrir un proceso de discusión nacional que conduzca a una nueva normativa para el sector de la educación superior.

La abogada, profesora y secretaria general de la UCAB, Magaly Vásquez, sostuvo que, para evitar retrocesos, cualquier cambio legal debe realizarse mediante una consulta realmente abierta y sin premuras con las autoridades y demás sectores académicos involucrados. «Lo crucial no es la prisa política; hacer leyes de forma apresurada para enviar el mensaje de que las cosas van a cambiar solo genera mayor frustración cuando la realidad sigue igual», advirtió la doctora en Derecho en entrevista a El Ucabista .

Aclaró que un trabajo legislativo serio sobre un borrador oficial tomaría entre tres y seis meses , un periodo que necesariamente debe incluir el estudio de impacto económico y la consulta pública.

Aunque señaló que la UCAB todavía no ha sido convocada formalmente a las mesas de trabajo para la discusión de esta reforma, confirmó que los canales de diálogo técnico y académico están abiertos con el ente rector.

Vásquez explicó que la ley vigente, de hace más de 50 años, regula escasamente a la gestión privada y remite a la autorregulación de este sector.

Reconoció que el texto amerita actualización, pero insistió en que es fundamental ratificar la autonomía universitaria y fijar reglas que brinden seguridad jurídica, así como estándares de calidad en infraestructura y perfil docente para autorizar nuevas carreras. «Considero que una ley debe fijar principios básicos y reglas generales que permitan a las instituciones, tanto públicas como privadas, autorregularse posteriormente atendiendo a su estructura y origen.

Existen aspectos que hoy se manejan mediante resoluciones y normas sublegales que deberían elevarse a rango de ley para brindar seguridad jurídica.

No me refiero a la parte procedimental u operativa, que requiere normas más ágiles, sino a lineamientos generales sobre la creación de carreras y programas».

En ese sentido, la autoridad universitaria enfatizó que la operatividad y el desarrollo académico del sector privado requieren un marco regulatorio estable que no quede expuesto a la discrecionalidad o a las dinámicas cambiantes de la administración de turno. «Esto no puede depender del funcionario en funciones, sino de reglas claras aplicables a todas las instituciones por igual» , aseveró.

Le puede interesar: Fetraconstrucción dice que la OIT abandonó a los trabajadores venezolanos Como ejemplo, mencionó que la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UCAB tardó 12 años en ser aprobada.