ONG piden a la justicia argentina continuar investigación por crímenes en Venezuela

Siete organizaciones de derechos humanos solicitaron a la justicia argentina que permita avanzar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al considerar que las inmunidades de funcionarios extranjeros no deberían impedir las pesquisas por delitos internacionales.

La petición fue presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina mediante un escrito de amicus curiae (opinión voluntaria), después de una audiencia celebrada el pasado 7 de octubre.

La presentación fue formalizada dos días después.

El documento fue suscrito por Redress, Legal Action Worldwide (LAW), Partners in Justice International, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Alerta Venezuela y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

En Argentina cursan tres casos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En uno de ellos se acusa a 14 oficiales de la Guardia Nacional, entre ellos el coronel retirado Ephraín Enrique Verdú Torrelles, por el asesinato de la estudiante Geraldín Moreno, ocurrido en febrero de 2014 en Naguanagua, estado Carabobo, mientras participaba en una manifestación.

En junio de este año, rechazó ser extraditado a Argentina o España.

Las organizaciones sostuvieron que el rango militar de los funcionarios señalados no les concede inmunidad personal, una protección que, según explicaron, está reservada mientras ejercen sus cargos a un grupo limitado de autoridades, como jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.

El debate también se centra en la denominada inmunidad funcional, relacionada con actos realizados en ejercicio de funciones oficiales.

Las ONG argumentaron que la práctica de distintos Estados y decisiones de tribunales nacionales respaldan que esa protección no sea aplicada cuando se investigan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Las organizaciones citaron antecedentes judiciales de Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia, así como una decisión adoptada por el máximo tribunal francés en julio de 2025.

Asimismo, recordaron el precedente de la investigación argentina sobre los presuntos crímenes contra la población rohinyá en Myanmar.

En febrero de 2025, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de 20 funcionarios civiles y militares de ese país.

Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal determinar que las inmunidades personales y funcionales no impiden, en las circunstancias planteadas, la continuidad de la causa vinculada con Venezuela.