El Gobierno francés anuncia nuevas medidas de apoyo a las empresas afectadas por revueltas

El Gobierno francés anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3.000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.

Estas medidas se unen a los dispositivos de desempleo parcial financiados por el Estado francés para los empleados afectados por el impacto de los disturbios así como la creación de un fondo de ayuda a las empresas y la movilización del sector asegurador.

Tras una reunión extraordinaria entre miembros del Gobierno y representares de empresas, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, detalló que, desde el viernes y «de manera inmediata», las compañías podrán reforzar su tesorería con ese tipo de préstamos sin intereses acordados por el banco público Bpifrance para las empresas. «Este es un momento de mucha gravedad», ahondó Lescure, quien explicó que una simple declaración de siniestro ante la aseguradora servirá para el trámite del préstamo.

Por su parte, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, anunció este martes que prevé habilitar un aplazamiento simplificado de las deudas tributarias.

Amiel insistió asimismo en la necesidad de «hacer pagar a los saqueadores», aludiendo a la futura tramitación del proyecto de ley «quien rompe, paga».

Según precisó el ministro, si esta iniciativa sale adelante, los ingresos ilícitos procedentes de tráficos clandestinos, hurtos o la recepción de bienes robados se descontarán de las ayudas públicas que perciba el infractor.

Por otro lado, la jefatura de Gobierno detalló que las compañías afectadas podrán postergar hasta 12 meses las cotizaciones sociales de los próximos tres meses.

Además, las pequeñas empresas (menos de 50 empleados) que hayan sufrido daños importantes podrán percibir una ayuda.

Los saqueos del pasado fin de semana, surgidos al margen de las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, afectaron tanto a grandes ciudades, como París, Marsella o Lyon, como a otras medianas (Lille) o incluso pequeñas (Limoges).

Cerca de 2.500 personas (70% de ellos mayores de edad y 95% hombres) fueron arrestados.

De momento, 123 de ellos pasaron a prisión provisional.