Del censo a la propiedad: así se adjudicarán viviendas a los damnificados del terremoto

¿El Estado entregará títulos de propiedad a los afectados por el terremoto? En el papel, el Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) sostiene que sí.

Para las 4.000 viviendas que el Ejecutivo proyecta entregar, las autoridades aseguran contar con un mecanismo de adjudicación legal que busca formalizar la titularidad de los inmuebles.

La viceministra de Redes Populares del Minhvi, Patricia Cabrera , explicó para Tal Cual que el primer paso en el terreno es la caracterización de las familias para certificar la necesidad real de la vivienda.

La vicepresidencia social, encabezada por Héctor Rodríguez, establece el primer contacto, mientras que el viceministerio corrobora la información mediante entrevistas socioeconómicas, visitas de campo y el cruce de datos con plataformas estatales como el Sistema Patria y el Registro Único de Vivienda (RUV).

Según detalla Cabrera, la prioridad de atención se le ha otorgado a las personas instaladas en campamentos transitorios.

No obstante, las autoridades han detectado familias que no resultaron afectadas por el terremoto e intentaban aprovechar la coyuntura para agilizar el acceso a un inmueble. «Hay casos donde la familia se fue en el momento de la emergencia, pero ya sus viviendas fueron rehabilitadas y pueden volver.

Hay otros que realmente no habitaban la vivienda, así que no aplican para la adquisición de un nuevo inmueble.

Y hay casos donde la vivienda está para recuperación y nosotros debemos emprender el plan de la rehabilitación a través de Venezuela Renace» precisa la funcionaria sobre los criterios de exclusión.

Con la documentación consolidada, el siguiente paso es la aprobación del punto de cuenta .

El viceministerio arma un documento dirigido a la ministra de Hábitat y Vivienda, cargo ocupado por la arquitecto Paola Posani, donde se solicita formalmente la adjudicación del inmueble y la autorización expresa para certificar la data social de la familia.

En paralelo, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) se encarga de la certificación de la data técnica, mientras que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) evalúa la documentación financiera y define un esquema crediticio.

Ese análisis financiero responde a que la adjudicación no es una donación automática por parte del Estado.

Cabrera aclara que los fondos ejecutados en las obras provienen del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), alimentado por los aportes de los trabajadores del país. «Eso tiene que ser revertido, ¿por qué? Porque es un fondo de ahorristas», señala.

Entonces, se evalúan los ingresos familiares para determinar si se otorga un crédito hipotecario a largo plazo o si procede una exoneración por vulnerabilidad extrema.