OVP denunció que asesinaron con arma de fuego a un recluso en centro policial de Bolívar

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado el asesinato de Júnior Rafael Velásquez Herrera, de 23 años, ocurrido dentro de los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en el estado Bolívar, donde permanecía detenido desde hace aproximadamente tres años sin una sentencia firme.

Según la organización, el joven habría recibido varios disparos dentro del recinto, presuntamente a manos de otro privado de libertad identificado como Richard José Hernández Álvarez, de 39 años.

El hecho resaltó las denuncias hechas durante los últimos años sobre los controles de seguridad en los centros de detención preventiva del país, en particular sobre cómo pudo ingresar un arma de fuego al lugar.

"¿Cómo es que hay un arma de fuego en manos de un privado de libertad?", cuestionó el OVP, que además advirtió sobre las fallas de control que existirían en Guaiparo, uno de los centros con mayor concentración de detenidos en Bolívar y con niveles críticos de hacinamiento.

La organización aseguró haber documentado la presencia de estructuras criminales o pranes dentro del recinto, así como el cobro mensual de una “causa” exigida a los internos para permanecer en determinadas condiciones.

Tras el homicidio, funcionarios habrían advertido a los detenidos sobre posibles traslados a otros centros de reclusión, lo que generó preocupación entre sus familiares.

El OVP señaló que muchos de ellos no cuentan con los recursos para viajar hasta otras regiones del país y visitar a sus parientes, y alertó que estos movimientos podrían agravar el retardo procesal al alejar a los detenidos de los tribunales que llevan sus causas.

El Observatorio recordó, además, que la intervención del Ministerio para el Servicio Penitenciario derivó en el cierre del Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado, instalaciones que representaban unas 1.150 plazas para personas privadas de libertad en la entidad.

Ante ello, cuestionó el estado del proyecto de la cárcel de Marhuanta, anunciada con capacidad para 1.500 personas, y puso en duda los avances de la recuperación de Vista Hermosa, anunciada en 2024, preguntando qué ocurrió con los recursos aprobados para ambas obras.

En tanto, el OVP exigió al Ministerio Público abrir una investigación sobre las circunstancias del homicidio en Guaiparo y determinar las responsabilidades correspondientes.

También pidió a la Defensoría del Pueblo inspeccionar los calabozos del centro y verificar las condiciones de los detenidos, e insistió en la necesidad de garantizar su integridad física y sus derechos humanos, así como atender el hacinamiento, el retardo procesal y las fallas de seguridad en los centros de detención preventiva del país.

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