Señales de alerta: Venezuela y el riesgo de un autoritarismo digital potenciado por la IA china

Venezuela podría estar a un paso de convertirse en uno de los primeros países fuera de la República Popular China en adoptar la nueva generación de sistemas de inteligencia artificial china para la vigilancia masiva y el control político, según el informe del Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

El reporte revela cómo en julio de 2025, el gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento con iFlytek, una empresa china incluida en la lista de sanciones comerciales de Estados Unidos desde 2019 por su papel en la represión de minorías musulmanas en Xinjiang.

El acuerdo fue negociado por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina de Venezuela.

Una infraestructura que ya existía El informe, titulado “Warning signals: Venezuela and the risk of Chinese AI-enabled digital authoritarianism” (Señales de advertencia: Venezuela y el riesgo de un autoritarismo digital impulsado por la IA china) documenta que Venezuela no necesita construir un sistema de vigilancia desde cero, ya cuenta con uno, montado en gran parte sobre tecnología china.

Los investigadores identificaron seis capas tecnológicas interconectadas: telecomunicaciones, identidad digital, bases de datos centrales, videovigilancia, control de internet y, ahora, analítica e inteligencia artificial.

Todas construidas o potenciadas con el apoyo de empresas como Huawei, ZTE, CEIEC, Hikvision y Dahua.

El eje de identidad de ese sistema es el Carnet de la Patria, la tarjeta de identidad digital vinculada a beneficios sociales.

El informe indica que tenía 21,8 millones de usuarios registrados en enero de 2023, equivalente a unas tres cuartas partes de la población venezolana, y que llegó a atender a 14,2 millones de personas cada mes.

A eso se suman las redes de videovigilancia de los proyectos de “ciudad segura” y los mecanismos de control de internet operados a través de la estatal Cantv.

Esa capa de identidad no está sola.

El informe describe, además, una capa de bases de datos centrales que cruza información de identidad, datos biométricos y de bienestar social; una red de videovigilancia y centros de mando (como los sistemas VEN911 y SIMA) capaces de monitorear el espacio público y coordinar respuestas en tiempo real, y una infraestructura de telecomunicaciones que, al canalizar buena parte del tráfico de datos del país, funciona como un punto de control adicional.

Ninguna de estas necesita operar como un solo sistema perfectamente integrado, incluso conectadas de forma parcial, ya permiten la capacidad de las instituciones del Estado para identificar, monitorear y tomar acciones respecto al comportamiento de la ciudadanía.