ONG Acceso a la Justicia alerta que no han sido suprimidos los tribunales de terrorismo

La ONG Acceso a la Justicia, a través de un comunicado publicado en la red social X, alertó que no han sido suprimidos los tribunales de terrorismo.

El comunicado se inicia con la siguiente interrogante: ¿Desaparecen los tribunales contra el terrorismo en Venezuela? Indica la publicación de la ONG que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó es 16 de octubre la Resolución n.º 2026-0010, mediante la cual modifica la estructura organizativa de los tribunales con competencia en delitos asociados al terrorismo. «¿Significa esto la eliminación de los tribunales contra el terrorismo, ampliamente cuestionados por su utilización para la persecución política de la disidencia? Desde Acceso a la Justicia consideramos que no».

Argumentan los integrantes de Acceso a la Justicia que si bien elimina la competencia nacional de determinados juzgados de control ubicados en Caracas, no se suprime la jurisdicción penal para conocer de delitos asociados al terrorismo. «Los juzgados de control penales ordinarios conocerán ahora de los casos de terrorismo, conforme a las reglas generales de competencia territorial», indican.

Agregan que la resolución no se pronuncia sobre los tribunales de juicio ni las cortes de apelaciones con competencia en terrorismo, por lo que todo indica que estas instancias se mantienen, descentralización de los casos puede representar un alivio para los procesados y sus familias.

También refieren que quienes estén detenidos en las regiones y cuyos procesos permanezcan en fase de control «ya no tendrían que ser trasladados a Caracas por razón de la competencia nacional.

Esto reduciría las dificultades económicas y logísticas que enfrentan sus familiares para visitarlos y acompañarlos durante el proceso penal».

Sostienen que «los delitos de terrorismo previstos en la legislación venezolana siguen vigentes». «La resolución no modifica ni deroga las normas penales que han permitido utilizar estas figuras para perseguir a personas por razones políticas», alertan desde Acceso a la Justicia.

Finalmente señalan que «la Resolución modifica la distribución de competencias judiciales, pero no elimina los tribunales especializados en terrorismo ni las disposiciones penales que han facilitado su utilización contra la disidencia.

Aunque la descentralización puede aliviar algunas de las dificultades que enfrentan los procesados y sus familias, no resuelve el problema de fondo: el uso de la justicia penal como instrumento de persecución política».