Violencia contra niñas y adolescentes en Perú es problema estructural del Estado, dice OEA

La violencia contra las niñas y adolescentes de Perú, específicamente los abusos sexuales en la provincia amazónica de Condorcanqui, constituye un problema estructural y persistente del Estado peruano, afirmó este viernes una delegación de expertas enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud del Poder Judicial peruano.

La vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) de la OEA, Mónica Maureira, dijo en una presentación, al término de la visita, que aquella violencia contra las menores no se circunscribe al ámbito educativo, sino que se extiende a los entornos familiar y comunitario.

"Las respuestas existentes no garantizan, de manera efectiva, que las niñas sean reconocidas, escuchadas y protegidas como sujetas de derechos", expresó.

Maureira añadió que los vacíos de protección, la tolerancia social frente a la violencia y la fragmentación institucional dificultan una actuación oportuna, conforme con su interés superior, su autonomía y su derecho a vivir libres de violencia.

La visita del MESECVI respondió a una crisis que las líderes indígenas awajun y wampis de Condorcanqui han denunciado sobre la existencia de cientos de casos de abusos sexuales y transmisión de enfermedades a menores y adolescentes, por parte de profesores en residencias estudiantiles y otras personas de su entorno más cercano.

La delegación de expertas de la OEA señaló que la alta cifra de abusos sexuales se presenta en un contexto de profunda tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, que bordea el 90 % en Condorcanqui.

Las denuncias documentadas de más de una década demuestra además que no se trata de un problema reciente, sino de un contexto de tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, sostenido en el tiempo y agravado por la pobreza, la exclusión social y el abandono del Estado, afirmó Maureira.

En tal sentido, la delegación presentó unas recomendaciones preliminares, antes del informe final que entregará en octubre próximo, que consideran, en primer lugar, complementar y armonizar el despliegue territorial del Ministerio Público y Policía Nacional con personal estable y presupuesto operativo, transporte e infraestructura.

Asimismo, implementar y fortalecer los equipos multidisciplinarios de justicia, salud, protección infantil y atención forense con capacidad para llegar periódicamente a las comunidades y descentralizar los servicios hacia las localidades aledañas a los ríos Cenepa y Santiago.