Foro Penal ante la CIDH: «Chávez reconoció haber provocado la crisis del 11 de abril de 2002»

«No ha habido investigación en Venezuela en relación con estos hechos. Ha habido total impunidad con los hechos del 11 de abril. Impunidad que se mantiene en este momento», expresó Alfredo Romero, director del Foro Penal, ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles 14 de octubre.

Romero y su compañero, Gonzalo Himiob, son representantes de las víctimas de los hechos del 11 de abril, quienes por primera vez tienen la oportunidad de contar lo que ocurrió ante este organismo internacional.

«El 11 de abril de 2002 marcó el comienzo de una estrategia de represión política para controlar el poder político (…) fue el primer aviso, que advertíamos que iba convertirse en crímenes de lesa humanidad y que era una estrategia estructura, pero pocas personas nos creían», dijo Romero.

El Estímulo reúne algunas citas de los argumentos de este equipo de defensa frente a la CIDH para mantener la investigación abierta y procurar ofrecer justicia a las víctimas.

«El 11 de abrirl fue un plan estructurado y se definió en una reunión que se celebró el 7 de abril del año 2002. Están los testimonios (…) En palabras concretas, del general Rosendo, explica que se planificó que en forma activa y contundentemente se iba a contrarrestar a los posibles manifestantes en su área de concentración», dijo Romero.

«Los hechos violentos del 11 de abril no fueron espontáneos. Días antes, altos funcionarios del gobierno se reunieron para discutir y aprobar cómo iban a enfrentar la manifestación ciudadana. En esa reunión se ordenó utilizar a los círculos bolivarianos de manera activa, agresiva y contundente contra los manifestantes», agregó Gonzalo Himiob.

«El mismo presidente Hugo Chávez reconoció haber provocado esa crisis. Afirmó que esa crisis había sido necesaria. Esto es importante porque las declaraciones venían de quien ejercía la máxima representación del poder Ejecutivo y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Confesó que lo hizo porque lo consideró necesario», destacó.

«El Estado tenía la obligación de investigar estos hechos con objetividad e imparcialidad. Tenía la obligación de esclarecer la verdad, identificar a los responsables y sancionarlos. Sin embargo, al día de hoy, la situación es de impunidad absoluta y han pasado casi 25 años», recordó el vicepresidente del Foro Penal.

Los directivos del Foro Penal señalaron que el Estado venezolano informó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenía 79 investigaciones relacionadas con el 11 de abril de 2002: «De estas investigaciones, 67 (84%) terminaron sin avanzar a etapas procesales que permitieran determinar las responsabilidades correspondientes y en 78 casos, no hubo identificación ni sanción de ninguna persona».

La jueza Patricia Pérez Goldberg de la CIDH indicó a los representantes de las víctimas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hasta el 13 de noviembre de 2026 tienen la oportunidad de enviar por escrito los alegatos penales y observaciones del caso Trujillo y otros Vs.