Arrecia la ola antimigratoria en el continente americano

El año 2026 ha conocido un nuevo curso sobre políticas migratorias en diferentes estados de América Latina, al prevalecer en los programas de gobierno de la región la instauración de políticas restrictivas a la permanencia de ciudadanos provenientes de otros países, convirtiendo a las fronteras en muros infranqueables ante una migración sobreviviente a dictaduras y a economías en ruinas.

Para los venezolanos no es nada nuevo reconocer el sombrío panorama a enfrentar, al sufrir las medidas migratorias que el gobierno norteamericano aplica desde 2025 con la suspensión del TPS a 650.000 compatriotas, y la consecutiva razzia de deportaciones que el gobierno usurpador del Rodrigato pretende adornar con el plan Vuelta a la Patria.

La onda expansiva de esta política se extiende notoriamente a la América Latina en el presente año, inicialmente en Chile donde residen aproximadamente 800.000 venezolanos, el presidente José Antonio Kast quien asumiera el poder el 11/03/2026, ha adoptado una postura de firmeza frente a la migración irregular, con un enfoque particular en los ciudadanos venezolanos, impulsando tanto llamados a la salida voluntaria como un acercamiento diplomático para facilitar expulsiones.

Posteriormente el gobierno de la derechista Keiko Fujimori quien asumió la presidencia de Perú el 28/07/2026 se sube a la ola antinmigración en Latinoamérica, sumándose a gobiernos como los de Chile, Ecuador, Colombia, al anunciar el 20/08/2026 el presidente del Consejo de ministros, Luis Galarreta, “un incremento significativo de operativos policiales y militares para detener y expulsar del país a inmigrantes en situación irregular, destacando el papel central que tendrán las Fuerzas Armadas en estas redadas contra los migrantes y en el control de las fronteras para impedir su ingreso”.

En esa dirección el gobierno del presidente de Ecuador Daniel Noboa ha endurecido los controles y modificado la política hacia la migración venezolana, pasando de ofrecer procesos temporales de amnistía a desmantelar los acuerdos bilaterales con el Decreto Ejecutivo 123 del 09/2025, un tratado bilateral que había permanecido vigente por 15 años.

Recientemente Abelardo de la Espriella quien tomó posesión el 07/08/2026 como nuevo presidente de Colombia declara el 24/08/2026 iniciar operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares”.

Aunque no lo dijo explícitamente, su anuncio afecta especialmente a los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, de los cuales 848.000 están en situación irregular y de esos 193.000 son niños, niñas y adolescentes.