Al menos cinco policías jubilados han muerto en Apure por falta de medicinas e insumos médicos

Los funcionarios policiales jubilados y pensionados del estado Apure denuncian una severa crisis económica y de salud ocasionada por los bajos ingresos salariales (130 bolívares mensuales), cifra que a juicio de los exfuncionarios resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud.

Por lapatilla.com Los jubilados con enfermedades que no han recibido atención médica, lamentablemente algunos han fallecido.

En lo que va de año se ha registrado la muerte de al menos cinco exfuncionarios, los cuales han tenido complicaciones asociadas a la diabetes, porque les ha sido imposible comprar medicamentos para su tratamiento.

El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Policía del estado Apure (Asojupempa), inspector jubilado José Yafritz Reyes, señaló que la organización, que agrupa a aproximadamente 700 personas en toda la región, intenta mitigar la emergencia mediante mecanismos de autogestión, financiados con aportes voluntarios de sus propios miembros para adquirir tratamientos, alimentos e insumos médicos.

A la precariedad salarial se suma el retraso de 19 meses en la entrega de los aportes retenidos por la Gobernación, así como la exigencia del pago de beneficios correspondientes al bono de alimentación, bono recreacional y la prima por antigüedad.

Yafritz informó que acudieron a la Gobernación de Apure para consignar un manifiesto con varias peticiones ante el despacho del mandatario y la consultoría jurídica.

Asimismo, el dirigente gremial detalló que acudirán durante los próximos días formalmente ante la Procuraduría del estado, el Consejo Legislativo y la Comandancia General de la Policía para exigir una respuesta que garantice condiciones dignas de vida a los exfuncionarios.? Incidente durante la entrevista Durante la realización de las declaraciones, funcionarios de seguridad de la Gobernación del Estado Apure abordaron la escena para exigir, de forma irrespetuosa, el cese inmediato de la entrevista.

La justificación ofrecida por el personal de seguridad señalaba que el espacio utilizado constituía un bien de uso exclusivo del Estado.

Ante la interrupción, los exfuncionarios policiales increparon la medida argumentando que los espacios públicos pertenecen al pueblo venezolano y no al gobierno de turno.

Ante esta situación, los manifestantes defendieron el derecho al libre ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión.