En Illinois: la ley que frenaría por un año ciertos desalojos si un integrante del hogar fue detenido por inmigración
Un proyecto de ley en Illinois busca frenar los desalojos residenciales por 12 meses para inquilinos en situación de vulnerabilidad económica.
La propuesta legislativa protege a las familias afectadas por la detención migratoria de un integrante del hogar o por la cancelación de asistencias públicas federales.
SB 3477 en Illinois: qué propone y cuál es su estado legislativo El proyecto de ley SB 3477 modifica el Código de Procedimiento Civil de Illinois para crear una moratoria de desalojos de un año de duración .
El senador estatal Mike Simmons introdujo la propuesta legislativa el 5 de febrero de 2026 en la 104 Asamblea General del estado.
La iniciativa prohíbe a los tribunales estatales emitir órdenes de desalojo residencial contra los inquilinos considerados cubiertos por la norma durante un plazo de 12 meses.
La protección legal abarca al arrendatario o a un miembro de su grupo familiar que sufrió la imposibilidad de trabajar por una detención de las autoridades de inmigración en los 12 meses previos.
La cámara alta registró la primera lectura formal de la iniciativa el mismo día de su presentación.
En esa misma jornada del 5 de febrero de 2026, el Senado remitió el proyecto al Comité de Asignaciones Parlamentarias para su análisis y evaluación inicial.
Ese mismo día, el Senado remitió la iniciativa al Comité de Asignaciones.
De ser aprobado y promulgado por el gobernador JB Pritzker , su fecha de entrada en vigor dependerá del momento de su aprobación y de las reglas estatales aplicables.
SB 3477 en Illinois: qué inquilinos quedarían protegidos de los desalojos La norma también incluye a los residentes que experimentaron la terminación de sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP , por sus siglas en inglés), Medicaid o Seguridad Social en el último año.
La legislación exige que la detención migratoria o la pérdida del subsidio afecte la capacidad financiera del inquilino para abonar la renta pactada.
Durante la moratoria, los propietarios no podrán iniciar ni continuar acciones judiciales de desalojo contra quienes entreguen una declaración formal.
Esta declaración por escrito bajo pena de perjurio acredita la condición de inquilino protegido ante el arrendador del inmueble.
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