La ley machista del franquismo que ha propiciado el desahucio de Maricarmen y cómo el sistema actual “favorece a quienes especulan”

En España se producen miles de desahucios al año, pero pocos como el de Maricarmen de este miércoles han visibilizado el problema de vivienda que atraviesa el país y que afecta, especialmente, a personas en situación de vulnerabilidad.

Pese al amplio apoyo vecinal y social que ha recibido esta vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro, que ha vivido en la misma casa durante siete décadas, finalmente fue desalojada al cuarto intento por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones , propietario del piso desde 2018, entre gritos de los manifestantes de “no estás sola” y un enorme despliegue policial en el que hubo cargas y lanzaron gas pimienta.

Los colectivos que defienden el derecho a la vivienda denuncian que la legislación no protege a los inquilinos frente a la especulación inmobiliaria y reclaman la aprobación del real decreto ley de vivienda que el Gobierno no llevó al Consejo de Ministros en julio por falta de apoyos parlamentarios.

La normativa prevé, entre otras medidas, regular los alquileres por habitaciones y reforzar la protección antidesahucios , por lo que también se habría evitado el de Maricarmen, aseguran.

Porque no ha importado que tenga 87 años, problemas de movilidad que la obligan a utilizar silla de ruedas o que no cuenta con familiares directos.

Tampoco se ha considerado que el conflicto tiene su origen en el contrato de renta antigua que firmó su padre en 1956, bajo una legislación franquista que dejaba a las mujeres en una posición jurídica desigual dentro de la familia.

Incluso la ONU se pronunció sobre el caso y aconsejó que se paralizase para evitar un daño irreparable, pero tampoco ha servido de nada.

Para Alejandra Jacinto, fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y abogada del Sindicato de Inquilinas, el desahucio de Maricarmen refleja las fallas de un sistema que favorece a quienes especulan con la vivienda por encima de personas en situación de vulnerabilidad.

“Este caso evidencia que el sistema no funciona, que está construido y apuntalado para que quienes especulan se salgan con la suya y la gente corriente, gente que puede ser la abuela de cualquiera de nosotros, se la pueda echar de su casa de una forma tan violenta y sin que haya ningún tipo de garantía por parte del Estado de derecho ni ninguna respuesta a la altura por parte de las administraciones públicas.

Es lamentable”, señala a Infobae.

Jacinto reprocha la inacción del Gobierno central, que, a su juicio, “ llega tarde y no interviene ”, al tiempo que cuestiona las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, cuyo “programa político es a favor de que esto suceda”.