Desalojos indígenas avanzan en Argentina mientras se discute ley que facilita expulsiones
Laura Guarinoni Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Varias comunidades indígenas argentinas fueron desalojadas en los últimos días de sus tierras en un nuevo capítulo de un conflicto histórico, mientras el Gobierno del presidente Javier Milei impulsa una ley sobre propiedad privada que facilitaría aún más la expulsión en los territorios ancestrales.
Los desalojos -en algunos casos intentos- de pueblos originarios ocurridos recientemente en las provincias de Neuquén (sur), Jujuy (norte) y Misiones (noreste) tienen un punto en común que siempre está en el centro del debate: las disputas entre derechos de propiedad registrados y los reclamos de posesión ancestral indígena.
El escenario se agravó en Argentina con la derogación, en diciembre de 2024, de la ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial, suspendía los desalojos y contemplaba un registro de tierras comunitarias.
A ello se suma ahora el debate en el Congreso de una propuesta que, de aprobarse, permitiría desalojos exprés.
Las comunidades mapuche Kinxikew y Melo, que habitan hace más de cien años un territorio ancestral entre Bariloche y Villa La Angostura, en el sur de Argentina, enfrentaron este miércoles un operativo de desalojo en el que participaron cientos de policías, incluidos del Grupo Especial de Operaciones.
El 'lonco' (autoridad mapuche) Lucas Melo Piñén resumió a EFE la situación: "Acá tengo a mi padre enterrado y a mi abuelo lo asesinaron aquí.
Nos quieren sacar con un título trucho (falso).
Estas tierras nos pertenecen, tenemos pruebas de preexistencia y reconocimiento del Estado" .
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas para los pueblos originarios y garantizar sus derechos- reconoció en 2023 para la comunidad Kinxikew la ocupación actual, tradicional y pública, aunque el Estado no otorgó el título comunitario.
El litigio fue iniciado hace más de 15 años por una familia belga de apellido Broers, que detenta un titulo de propiedad desde la década de 1970 y que fue aceptado por la justicia para justificar el desalojo.
Es a ese título "trucho" al que se refiere Melo Piñén en su conversación con EFE.
El pasado 10 de agosto, la Policía desalojó a las familias de la comunidad Santa Rosa, en Humahuaca (provincia norteña de Jujuy), en un operativo en el que participaron más de un centenar de efectivos armados, con detonación de balas de goma y el resultado de varias detenciones.
El conflicto se originó a partir de una disputa por límites y un plano catastral que la comunidad considera erróneo y por particulares que reclaman la titularidad privada, empresas con intereses en la minería o inmobiliarios, amparados por el Poder Judicial provincial.
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