El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

La Gaceta, Diario Oficial, publicó la mañana de este miércoles la certificación de la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua , aprobada la tarde anterior por la Asamblea Nacional en una sesión especial celebrada en la ciudad de León.

El texto, consignado en la edición número 163 del Diario Oficial, formaliza por escrito lo que Daniel Ortega había anunciado el 19 de julio pasado: que en el país no volverá a haber elecciones con participación de partidos opositores .

La reforma modifica 13 artículos de la Carta Magna.

El artículo 12 establece que “ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional” que ponga en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del pueblo nicaragüense “surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional”.

Prohíbe la oposición El artículo 47 dispone que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos quienes hayan ejercido dirección, liderazgo, financiamiento o cualquier vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un golpe de Estado; quienes incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del país, inciten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento del exterior o respalden sanciones contra el Estado nicaragüense; “los traidores a la Patria”; y quienes hayan violentado los principios fundamentales de la Constitución.

Ese mismo artículo prohíbe a estas personas integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

El régimen de Ortega y Rosario Murillo define como “traidores a la patria” o “golpistas” a los opositores.

El artículo 152 amplía las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, que queda facultado para “ otorgar o cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos ” constituidos con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan violado los principios fundamentales de la Constitución, así como para “verificar e imponer las sanciones correspondientes” a candidatos, funcionarios electorales o integrantes de juntas directivas de partidos que incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz.

La reforma también extiende de seis a siete años los períodos de los cargos de elección popular y de designación por la Asamblea Nacional, entre ellos la Presidencia y la Copresidencia, las diputaciones ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, las alcaldías, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.