La motociclista, la constructora y el municipio que se señalaron entre sí: el accidente que terminó sin culpables ni indemnización

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó una demanda indemnizatoria por $4.742.000 presentada por una motociclista que atribuyó una caída en una avenida a la falta de señalización en una obra de repavimentación .

El fallo concluyó que no logró acreditarse cómo ocurrió el accidente ni que el estado de la calzada hubiera sido la causa del hecho.

La resolución, del juzgado de primera instancia número 1, impuso además las costas del proceso a la demandante.

La decisión alcanzó a la contratista que ejecutaba la obra vial, a su aseguradora y a la municipalidad local, que había sido incorporada al expediente como tercero a pedido de la compañía constructora.

La reclamante sostuvo que el accidente ocurrió cerca de las 9.40 del 21 de noviembre de 2018, cuando circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 por una avenida, en una ciudad de la costa atlántica.

Según su relato, la rueda delantera del vehículo tomó un desnivel o borde de asfalto que sobresalía de la calzada, lo que le hizo perder el control y caer sobre el pavimento .

De acuerdo con la presentación judicial, el tramo estaba sometido a trabajos de repavimentación y no contaba con carteles, vallas u otras medidas suficientes para advertir a quienes transitaban por el lugar .

Tras la caída, la mujer —de 46 años al momento del accidente— recibió atención en un hospital, donde fue asistida y quedó internada, según consta en el fallo.

La demanda incluyó pedidos de reparación por gastos médicos, medicamentos, traslados, daños en la motocicleta, pérdida de ingresos, incapacidad física, daño moral y tratamiento psicológico.

El mayor monto del reclamo correspondía a una supuesta incapacidad sobreviniente, por la que solicitó $2.200.000, y al daño moral, valuado en 2.000.000 pesos.

La empresa demandada rechazó la responsabilidad y afirmó que la obra se realizaba bajo las condiciones de seguridad exigidas .

Expuso que había sido contratada por el municipio tras una licitación pública iniciada en 2017 y que el lugar contaba con vallado y señalización.

También sostuvo que la comuna designaba inspectores para controlar la ejecución de los trabajos.

La aseguradora reconoció que existía una póliza vinculada con la constructora, aunque indicó que cualquier obligación debía limitarse a las condiciones de cobertura.