Senado: avanza un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para biocombustibles

El Senado de la Nación debate un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036 , fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.

El propósito central de la normativa que debate la Cámara alta apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

Sin embargo, el proyecto divide a los bloques políticos de manera transversal, según intereses regionales.

Aspi, el texo fue cuestionado con dureza por los legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.

Las voces críticas a la iniciativa advirtieron que las regulaciones que contempla el texto atentan contra los pequeños productores y que llevará a la concentración del mercado en manos de las grandes compañías del sector, en especial a las aceiteras de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Para conseguir la aprobación del proyecto, se le introdujeron cambios de último momento con el objetivo de reducir los cuestionamientos formulados por senadores de provincias de la zona núcleo , preocupados por defender a los pequeños productores que no se encuentran en una cadena productiva integrada.

El proyecto declara de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Uno de sus motores operativos fundamentales consiste en fijar incrementos obligatorios y escalonados en los porcentajes de mezcla con los combustibles fósiles tradicionales.

En el caso del gasoil o diésel , la norma establece un corte mínimo inicial obligatorio del 7,5% de biodiesel, cuota que se elevará al 10% una vez transcurridos doce meses desde la promulgación de la ley.

Por su parte, para las naftas se fija un corte obligatorio inicial del 12% de bioetanol -respetando una cuota equitativa del seis por ciento para el producido a partir de caña de azúcar y un seis por ciento derivado del maíz-, porcentaje que ascenderá al 15% al cumplirse el primer año de vigencia del nuevo marco regulatorio, quedando el remanente libre para ser completado con cualquier otra materia prima renovable.

La propuesta fue defendida por la senador Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería y autora de una de las iniciativas que se tuvieron en consideración para alcanzar el dictamen que se discutió en el recinto.