En Florida: la nueva ley de DeSantis que busca destrabar proyectos de vivienda asequible para miles de familias

El gobernador de Florida , Ron DeSantis , promulgó la ley HB 1389 para acelerar el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en todo el territorio estatal.

La reforma elimina trabas burocráticas y modifica las normas de zonificación para incrementar la oferta de unidades disponibles.

Florida facilita el uso de terrenos para proyectos de vivienda asequible La ley entró en vigor el 1° de julio tras la firma de DeSantis .

Se trata de una actualización a la Live Local Act y obliga a los condados y municipalidades a autorizar el uso residencial multifamiliar y de uso mixto en terrenos donde antes solo se permitía zonificación comercial, industrial o mixta.

Esto quiere decir que los desarrolladores inmobiliarios ya no necesitan solicitar un cambio de uso de suelo.

Asimismo, los gobiernos locales tienen prohibido emplear excepciones especiales o enmiendas a la regulación estatal.

Según el texto de la ley , para acceder a esta vía rápida de aprobación, las obras deben destinar al menos el 40% de sus unidades residenciales al alquiler asequible por un período mínimo de 30 años.

De igual manera, los ayuntamientos no pueden restringir la altura de los edificios por debajo del límite permitido en la jurisdicción dentro de un radio determinado.

La ley también prohíbe imponer retranqueos o escalonamientos más estrictos que reduzcan la capacidad máxima de construcción autorizada.

Ley de vivienda asequible en Florida beneficia a familias de militares Las familias de ingresos medios y bajos que buscan viviendas de alquiler asequible son las más beneficiadas a través de la expansión de la oferta residencial, según los impulsores de la norma.

Las familias de personal militar activo también obtuvieron facilidades para acceder a un techo en el estado.

Además, la regla autoriza a los gobiernos locales a otorgar bonificaciones de densidad a los propietarios que donen terrenos para la construcción de viviendas destinadas a este sector.

Además, las instituciones religiosas con casas de culto operativas por al menos diez años pueden usar terrenos mayores a tres acres para desarrollar proyectos comunitarios de vivienda.

De la misma forma, las juntas escolares y las administraciones locales adquieren la facultad de destinar sus propiedades públicas a la construcción de estos complejos.