La Corte Suprema de EE.UU. revisará la política de fianzas y detenciones de inmigrantes en 2026

La Corte Suprema aceptó revisar el caso Rhoney v.

Barbosa da Cunha , identificado con el número de expediente 26-104 , que enfrenta al gobierno de Donald Trump con la defensa de un inmigrante brasileño detenido en 2025 .

Los magistrados deberán determinar si la ley exige la detención obligatoria de personas que viven en Estados Unidos sin haber sido admitidas formalmente o si pueden solicitar una audiencia de fianza .

Qué analiza la Corte Suprema en el caso de detención migratoria En su lista de órdenes , publicada el 1° de octubre, la Corte Suprema señaló para el caso Rhoney v.

Barbosa da Cunha que “se conceden las peticiones de certiorari ” .

Con esto, los magistrados requieren que el tribunal inferior de apelaciones le remita el expediente para su revisión judicial .

El litigio plantea la pregunta de si las personas que viven en el país norteamericano sin haber sido admitidas formalmente pueden permanecer detenidas sin acceso a una audiencia para solicitar su liberación bajo fianza .

La decisión podría establecer un criterio nacional sobre las condiciones de detención mientras se resuelven los procesos migratorios .

El debate también involucra el alcance del debido proceso y la interpretación de las leyes federales que regulan la custodia de extranjeros.

De acuerdo con el litigio, la controversia se concentra en dos disposiciones de la legislación migratoria : La sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A) es interpretada por el gobierno federal como una obligación de mantener detenidas, sin posibilidad de fianza, a las personas que no fueron admitidas formalmente en EE.UU.

La sección 8 U.S.C. § 1226(a) permite que los jueces de inmigración evalúen cada situación y determinen si corresponde conceder una audiencia de fianza.

Según los defensores de los inmigrantes, esta segunda norma debe aplicarse a quienes son detenidos en el interior del país norteamericano y no se encuentran en un proceso de admisión en la frontera.

“La ACLU ha impugnado la interpretación errónea que hizo la administración Trump de una ley de detención obligatoria que siempre se había aplicado únicamente a los inmigrantes que solicitaban admisión en la frontera”, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los demandantes, en un comunicado .

La política aplicada por Trump desde julio de 2025 elimina , para las personas comprendidas en esa interpretación, la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentan un procedimiento de deportación.