El Gobierno amplió el secreto militar del programa de los aviones F-16 que compró la Argentina

El Gobierno amplió este martes el régimen de secreto militar que alcanza al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea que la Argentina le compró a Dinamarca y estableció medidas específicas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para mantenimiento y revisión.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 735/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a la exportación de distintos materiales relacionados con los 24 F-16 adquiridos en 2024 .

Entre ellos figuran partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, y otros equipos asociados al sistema de armas.

El objetivo de la norma es establecer un marco de protección para las operaciones en las que determinados materiales deban ser enviados al exterior, por ejemplo, para tareas de mantenimiento, reparación o actualización.

El decreto sostiene que el sistema de armas F-16 comenzó sus actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto el 30 de marzo de 2026 y señala la necesidad de contar con mecanismos que permitan realizar las operaciones de exportación sin comprometer información considerada “sensible”.

La norma extiende así la protección de secreto que ya había sido aplicada sobre distintas etapas del programa de incorporación de los cazas.

En abril de 2024, el Decreto 370/2024 declaró secreto militar la operación contractual para adquirir el sistema de armas a Estados Unidos.

En septiembre de ese año, el Decreto 807/2024 amplió ese régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de material sensible, como partes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento.

En diciembre del 2024, el Decreto 1073/2024 incorporó además al secreto militar las operaciones contractuales para adquirir material adicional y equipos y capacidades complementarias para el sistema de armas.

El Gobierno considera que la información relacionada con las capacidades, características y componentes de estos sistemas puede afectar cuestiones vinculadas con la defensa nacional.

El decreto llega en un momento en el que tras la llegada de los primeros seis cazas en diciembre del año pasado, los aviones ahora requieren un esquema de mantenimiento y actualización que involucra a proveedores y centros especializados fuera de la Argentina.

En esos casos, determinados componentes pueden tener que salir temporalmente del territorio nacional para ser intervenidos.