El gobierno de EE.UU. no ve que en el caso $LIBRA haya pruebas de un delito

Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA , el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas.

Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.

La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo LA NACION , fue más lejos.

Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.

“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.

La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025.

El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy , y que contó con el apoyo del presidente Milei , quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.

Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria.

La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después.

Pero, al final, la respuesta fue negativa.

“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados , ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.