Una propuesta intenta cerrar el vacío que dejan las devoluciones de menores en Panamá

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días , cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570 , que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia , durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas.

El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida .

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado , tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción.

Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido .

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática.

La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días , qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados .

Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate , según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar .

Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada .

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección .

Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono .