Universidades públicas dejaron de reservar en 10 años al menos 2.000 plazas para docentes con discapacidad según estudio

El catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco José Plaza Martín ha presentado una investigación que acredita "un incumplimiento generalizado" de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad en el personal docente e investigador (PDI)permanente de las universidades públicas españolas.

La investigación, centrada en la aplicación de esta medida durante la década 2016-2025, ha revelado que la reserva de plazas debería haberse aplicado en 480 ocasiones en 48 universidades durante diez años, pero solo se ha podido comprobar su cumplimiento en siete ocasiones, cifra que el estudio describe como "anecdótica".

El catedrático ha estimado que "un mínimo de 2.000 las plazas que no fueron reservadas para personas con discapacidad durante ese periodo".

Plaza Martín ha subrayado que estos datos "no proceden de estimaciones, estadísticas generales ni cuestionarios", sino que han sido obtenidos tras más de un año de investigación mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a todas las universidades públicas españolas y están respaldados por resoluciones rectorales.

El investigador ha advertido de que "la dimensión real del incumplimiento podría ser todavía mayor", estimando que el número de plazas no reservadas "podría rondar las 3.000, únicamente en el ámbito de las figuras permanentes del PDI".

El estudio ha puesto de relieve importantes carencias en materia de transparencia y trazabilidad de los datos.

Algunas universidades no respondieron a las solicitudes de información, otras manifestaron no disponer de registros o establecieron dificultades para acceder a ellos.

Plaza Martín ha señalado que estos datos "tampoco forman parte de las principales estadísticas públicas universitarias, como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), ni de los datos que las universidades están obligadas a publicar en sus portales de transparencia".

El catedrático ha advertido de que "la ausencia de información accesible, homogénea y comparable contribuye a invisibilizar la situación y dificulta verificar el cumplimiento efectivo de la reserva legal".

El estudio plantea que las universidades deberían publicar activamente el número de plazas de PDI convocadas y el número de plazas efectivamente reservadas, ya que existen casos en los que las plazas aparecen inicialmente en las ofertas de empleo público pero finalmente no se convocan por el turno de reserva.

Entre las experiencias positivas, Plaza Martín ha destacado la política de la Universidad de Barcelona, que considera "un modelo especialmente garantista", así como determinadas convocatorias realizadas por la UNED y las universidades de Jaén y Zaragoza.