Privatización de AySA: el Gobierno abre hoy los primeros sobres de la licitación, en medio de una batalla judicial
El Gobierno abrirá este martes a las 10 de la mañana los primeros sobres técnicos de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) , la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El proceso, que el Ejecutivo esperaba cerrar en agosto y debió postergar por pedidos de las propias empresas interesadas, llega a esta instancia con un condicionante adicional: una medida cautelar de la Justicia bonaerense que limita el alcance de la futura concesión .
La apertura corresponde apenas a la primera de varias etapas previstas en el pliego.
Ese día no se conocerá ni el precio ni el nombre del futuro operador, sino que se evaluará si los oferentes cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos por el Pliego Único de Bases y Condiciones , un documento de 62 páginas elaborado por el Ministerio de Economía que fija las reglas del proceso.
Qué dice el fallo que compromete a AySA Una semana antes de la apertura de sobres, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la apelación presentada por AySA y ratificó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense .
La resolución, firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, obliga a la empresa a abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.
El tribunal no se pronunció sobre la conveniencia de que AySA sea estatal o privada.
Su alcance es más puntual: mientras continúe el litigio de fondo, no podrán relajarse las obligaciones actuales de la compañía, y la protección regirá hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional .
Los jueces advirtieron que “la disminución de los parámetros de control de calidad del agua pueden ocasionar un daño inminente a la salud de los habitantes y del medio ambiente de la provincia de Buenos Aires”, y señalaron que el nuevo esquema contractual cuestionado en el expediente, “prima facie”, tendería a reducir exigencias regulatorias, postergar obras críticas y flexibilizar compromisos ya asumidos.
La cautelar original había sido dictada en junio, luego de que la Defensoría promoviera una acción preventiva de daños ante el riesgo de que el proceso de privatización derivara en menos inversiones, obras postergadas o controles de calidad más laxos.
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