Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país
Los propietarios cubanos que residen fuera del país ya no perderán de forma automática una vivienda por haber emigrado.
La Ley 187 de Vivienda , que entra en vigor este miércoles 21 de octubre, mantiene sus derechos sobre los inmuebles, aunque les impone deberes de representación, conservación, registro y pago de tributos .
La norma reemplaza a la Ley General de la Vivienda vigente desde 1988.
La Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobó el 30 de julio y la Gaceta Oficial número 86 la publicó el 14 de octubre junto con decretos reglamentarios y resoluciones vinculadas al catastro .
Una persona natural podrá tener hasta dos viviendas y conservar una tercera destinada a vacaciones o descanso si esa condición figura de forma expresa en sus documentos legales.
La ley también prohíbe pagar en efectivo las compraventas, establece obligaciones para las propiedades desocupadas y modifica las reglas para emigrados, herederos, ocupantes y familias en situación de vulnerabilidad, según Periódico Cubano.
Los emigrados conservan sus viviendas, pero deben cumplir nuevas obligaciones La salida definitiva de Cuba deja de ser, por sí sola, una causa para perder la propiedad de una casa.
El cambio alcanza a quienes viven en el exterior y mantienen inmuebles dentro de la isla.
El artículo 139.3 dispone que los dueños ausentes deberán designar a una persona que los represente ante emergencias, trámites administrativos y procesos judiciales relacionados con la vivienda.
La disposición no establece un plazo mínimo de ausencia para activar esta obligación.
El hecho de que una vivienda permanezca cerrada tampoco basta para que su propietario pierda el inmueble.
La ley exige condiciones adicionales y una decisión de los tribunales .
El artículo 141 permite que las autoridades municipales soliciten la pérdida de la propiedad cuando la casa sea declarada en ruinas por abandono y el dueño no adopte medidas para recuperarla.
La pérdida del inmueble requiere una decisión judicial.
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