"Se enriqueció vendiendo el sueño americano": acusan a seis mujeres de integrar una red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts
Seis mujeres fueron acusadas de integrar una presunta red de matrimonios fraudulentos en Massachusetts que habría operado durante más de una década para facilitar beneficios migratorios a inmigrantes, entre ellos tarjetas de residencia y la ciudadanía estadounidense.
La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts atribuye el liderazgo del esquema a Jennifer Gonzalez , ciudadana estadounidense de 43 años y residente de Fall River.
Según la fiscal federal Leah Foley , la operación habría generado más de USD 6 millones .
Junto con Gonzalez fueron imputadas Erica Daniels , Cherise Alejandro , Amara Pugh , Jessica Tavares y Jaylin Hill .
Cinco de ellas fueron detenidas este miércoles; Hill cumple una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas.
Las seis enfrentan cargos de conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados, alojamiento de inmigrantes indocumentados, fraude matrimonial y conspiración para cometer fraude matrimonial .
Los dos primeros delitos contemplan penas de hasta 10 años de prisión cada uno , tres años de libertad supervisada y multas de hasta USD 250.000.
Los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo prevén penas de hasta 5 años de prisión cada uno , tres años de libertad supervisada y multas de hasta USD 250.000.
Bodas simuladas y pruebas para trámites migratorios La acusación alega que Gonzalez cobraba entre USD 38.000 y USD 40.000 por cada matrimonio y coordinaba entre 18 y 20 enlaces simulados al año .
Según los documentos judiciales, Pugh trabajaba como secretaria del negocio .
Gonzalez, por su parte, pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todas ciudadanas estadounidenses, para que contrajeran uno o más matrimonios con inmigrantes indocumentados.
De ese modo, los solicitantes podían presentar documentación ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y obtener estatus migratorio legal.
La fiscalía afirma que tomaban fotografías de las ceremonias y de salidas sociales para adjuntarlas a los trámites migratorios.
Algunas de las mujeres permanecían casadas durante años, luego se divorciaban y volvían a casarse con nuevos solicitantes.
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