La Fiscalía de Bolivia inicia investigación contra Evo Morales por el caso Hotel de las Américas

La Fiscalía boliviana anunció este lunes el inicio de una investigación contra el expresidente Evo Morales y (2006-2019) por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de libertad relacionados con un operativo policial que dejó tres muertos en 2009.

El caso también incluye al exvicepresidente Álvaro García Linera.

A través de un memorial, la Fiscalía notificó con la apertura del proceso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , que actúa como juez de garantías en este procedimiento para un eventual juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.

La medida responde a una denuncia interpuesta por los legisladores de Libre, la principal fuerza de oposición.

El caso tiene que ver con el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra , en el que se abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores , al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

En el asalto al hotel salieron ilesos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

Ese día, Morales admitió desde Caracas que había ordenado la operación para reducir a un grupo irregular.

“ El día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente para hacer un operativo y detener a esos mercenarios ”, sostuvo junto a los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez , y Cuba, Raúl Castro .

El gobierno de Morales sostuvo que el grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista con financiamiento de las élites económicas de Santa Cruz .

Con ese argumento, se inició una serie de procesos judiciales contra líderes regionales y dirigentes cívicos , algunos de los cuales fueron encarcelados mientras otros lograron salir del país.

Para algunos analistas, el caso denominado “Hotel Las Américas” supuso un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno de Morales y los dirigentes cívicos y políticos de Santa Cruz que hasta entonces habían liderado la oposición en Bolivia y un fuerte movimiento autonomista que exigía mayor descentralización política y fiscal.

En febrero de 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz declaró la extinción de la acción penal por la duración máxima del proceso y la absolución o sobreseimiento de varios acusados, dejando a todos detenidos en libertad.

Las víctimas y familiares de los fallecidos llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.