Estados y ciudades demandan a la administración Trump por una norma que amplía las ayudas públicas que pueden afectar una solicitud de residencia

Una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia , junto con seis ciudades y condados, demandó al gobierno de Donald Trump para bloquear una nueva norma migratoria que amplía los beneficios públicos que los funcionarios de inmigración pueden considerar al evaluar solicitudes de residencia permanente.

La medida, que entrará en vigor este viernes, permitiría tomar en cuenta prestaciones como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda para determinar si un inmigrante podría convertirse en una “carga pública” .

Una de las demandas fue presentada por Letitia James , fiscal general de Nueva York , junto con 22 estados y el Distrito de Columbia, según The New York Times y CNN .

La segunda acción judicial la encabezó Zohran Mamdani , alcalde de Nueva York , con el respaldo de Chicago , San Francisco , Seattle , el condado de Santa Clara y el condado de King , según The New York Times , CNN y Reuters .

Qué cambia con la norma de carga pública La nueva norma retoma la figura de la “carga pública”, una disposición de la ley migratoria de Estados Unidos que permite negar la residencia permanente a quien probablemente dependa del gobierno para su sustento.

Hasta ahora, las autoridades migratorias solían considerar sobre todo ayudas en efectivo o cuidados institucionalizados de largo plazo .

The New York Times , CNN y Reuters coinciden en que la nueva política volvería a abrir la puerta a revisar prestaciones no monetarias como Medicaid , cupones de alimentos y vales de vivienda.

CNN añadió que la norma, anunciada en julio, no precisa qué programas sujetos a comprobación de recursos económicos quedarían bajo evaluación.

Esa falta de detalle, según CNN y Reuters , deja a muchas familias sin claridad sobre qué asistencia podría perjudicar un trámite migratorio.

Maddie Geschu , directora de políticas y defensa de la Coalición para la Protección de Familias Inmigrantes , dijo a CNN en julio que la norma también permitiría tomar en cuenta prestaciones pedidas en nombre de familiares, incluidos hijos con ciudadanía estadounidense.

CNN señaló además que la medida se centra en personas con estatus legal, ya que los inmigrantes indocumentados no reúnen los requisitos para recibir prestaciones públicas.

El impacto que denuncian estados y ciudades Los demandantes sostienen que la política puede empujar a familias inmigrantes a dejar de usar ayuda alimentaria, cobertura médica, vivienda asistida y comidas escolares por temor a dañar sus expedientes migratorios.

The New York Times y CNN subrayaron que esa presión afectaría en especial a hogares de estatus migratorio mixto.