Diputado de Renovación Popular hace pedido ilegal sobre información de mujer que accede a aborto terapéutico

El diputado de Renovación Popular Christian Aranda solicitó este martes al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay, información clínica sobre una mujer que accedería a un aborto terapéutico, legal en Perú desde 1924, un requerimiento que abogadas y organizaciones feministas calificaron de ilegal y contrario a la protección de la privacidad de las pacientes.

Aranda afirmó que formuló el pedido “en ejercicio de sus funciones de fiscalización”, tras recibir “una denuncia” en su despacho, por lo que requirió documentación relacionada con la programación de la interrupción terapéutica del embarazo de una gestante “de aproximadamente 20 semanas”.

“Mi posición es clara: la protección de la vida humana desde la concepción no puede ser relativizada, y ninguna institución pública está por encima de la ley.

Por ello, he requerido conocer los fundamentos médicos y legales que sustentan esta eventual intervención”, se lee en la documentación.

“Si de la información solicitada se advierten irregularidades, corresponderá adoptar las acciones administrativas pertinentes y, de ser el caso, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público”, continuó.

La abogada Josefina Miró Quesada señaló que los datos requeridos por el parlamentario “son confidenciales y están protegidos x la Constitución y la ley”.

“Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito).

El aborto terapéutico es un derecho.

Es desgastante tener que defender una y otra vez lo mínimo para preservar la vida/salud de las mujeres 102 años despues de despenalizarlo en Perú”, señaló en su cuenta de X.

La exministra Paola Bustamante también cuestionó el requerimiento y pidió la intervención de las autoridades.

“Esta es una clara violación de la historia clínica de una paciente, que es totalmente privada y debería estar protegida.

El Ministerio de Justicia y de la Mujer ojalá tomen medidas inmediatas contra el señor que abusa de su cargo de congresista”, señaló.

Por su parte, Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde, sostuvo que el oficio de Aranda “no es una fiscalización inocua”, sino “una intromisión directa” en la privacidad y salud de la paciente.

“El oficio exige diagnóstico, exámenes, historia clínica, consentimiento informado y decisiones adoptadas por el personal médico.