Defensoría pide plan de protección para funcionarios del Inpec tras ataque a dragoneantes en Barranquilla

Las decisiones que buscan recuperar el control de las cárceles colombianas se desarrollan en medio de amenazas contra las autoridades y agresiones al personal penitenciario.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre esta situación y pidió reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, tras un nuevo ataque ocurrido en Barranquilla.

El episodio más reciente involucró a Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque.

Ambos resultaron heridos cuando salían de su turno, según informó el organismo en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

La entidad también expresó su preocupación por las amenazas que el Ministerio de Justicia hizo públicas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director general del Inpec y los trabajadores del sistema penitenciario.

Para la institución, estos hechos están relacionados con un escenario de intimidaciones que exige respuestas coordinadas de las autoridades.

Una cadena de ataques que viene desde 2024 La Defensoría recordó que las agresiones contra los servidores penitenciarios no son recientes.

Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, ocurrido en mayo de 2024, y los atentados perpetrados durante 2025 contra funcionarios del Inpec en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.

De acuerdo con el organismo, esos episodios dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores de distintas áreas, incluidos dragoneantes y personal administrativo.

La continuidad de los ataques, señaló, evidencia la necesidad de revisar y ampliar los mecanismos de protección para quienes trabajan en los centros de reclusión.

La entidad considera que las amenazas deben analizarse junto con las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la vigilancia y el control de las cárceles.

Entre ellas están los traslados de personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos, decisiones que, según advirtió, pueden generar riesgos que deben anticiparse.

“Las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades”, señaló la Defensoría al defender las actuaciones estatales orientadas a recuperar el control de los centros penitenciarios.

El organismo agregó que esas medidas “son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales”.