Andalucía pide un Plan Estatal contra el Crimen Organizado ante el auge del narcotráfico

Huelva, 18 ago (EFE).- El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido este martes al Gobierno la puesta en marcha de un Plan Estatal General de Acción contra el Crimen Organizado ante "la expansión sin control" del narcotráfico.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas en El Rocío (Huelva), después de acusar al Ejecutivo central de una "dejación de responsabilidades", que, a su juicio, ha provocado esa expansión por las costas y pueblos de la comunidad.

Sanz ha manifestado la "preocupación, indignación, dolor y rabia" del Gobierno andaluz ante los recientes episodios registrados en localidades como Isla Cristina (Huelva), así como en diversos municipios de Sevilla, Málaga, Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Según el consejero, la pérdida de vidas de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad demuestra que al Ejecutivo central y al Ministerio del Interior la situación "se les ha ido de las manos" y que se está produciendo una "pérdida de la credibilidad del Estado" en este ámbito.

Para revertir este escenario y proteger a los agentes, la Junta de Andalucía ha trasladado un batería de propuestas operativas y legislativas estructuradas en varios ejes principales la creación de grupos especializados permanentes contra el narcotráfico dotados de medios y personal suficientes; o el incremento de recursos para la Udyco, el Greco y los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

Asimismo, ha solicitado que se potencien las unidades de inteligencia para la anticipación operativa y refuerzo del Servicio de Vigilancia Aduanera y que se declare a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo para equiparar sus derechos sociales.

Sanz, también ha considerado necesario, que se reconozca los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, incremento de las plantillas estatales y refuerzo del principio de autoridad; así como que se impulsen medidas en el Consejo de Europa para tipificar los ataques graves a las fuerzas de seguridad como "eurodelito" con penas agravadas.

La reforma normativa para dotar a las fuerzas de seguridad de protocolos de actuación más potentes y seguros frente a narcolanchas y vehículos armados; crear juzgados especializados, endurecimiento de penas contra la reincidencia y tipificación específica del uso y reclutamiento de menores por parte de las redes criminales; o reformar la ley de seguridad ciudadana, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actuar contra los narcopisos y las nuevas sustancias estupefacientes, han sido otras reclamaciones.

Sanz ha concluido apelando a convertir la lucha contra las mafias en una "batalla de Estado" mediante la articulación de respuestas integradas y coordinadas en zonas de actuación especial.