Desgaste, errores y hasta roces con sus aliados internacionales: un primer semestre de pesadilla para Kast en Chile

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan; es orden donde hay caos, es alivio donde hay dolor”, decía un confiado y sonriente José Antonio Kast desde el balcón de La Moneda durante su primer discurso como presidente de Chile , el 11 de marzo pasado.

Seis meses después, Kast ya no sonríe tanto .

El alivio todavía no llegó a los bolsillos de los chilenos y el capital político con el que desembarcó se erosionó a una velocidad inesperada.

Apenas el 35% aprueba hoy su gestión y el 61% la desaprueba , según la última encuesta de Cadem, su peor registro desde que asumió.

En marzo, Kast había llegado al poder impulsado por el 58,2% obtenido en la segunda vuelta y una extendida sensación de que, después del gobierno progresista de Gabriel Boric , un Chile sumido en la violencia y desbordado por la inmigración irregular necesitaba un golpe de autoridad .

La promesa de orden Y, para ser justos, la seguridad es el terreno donde Kast puede mostrar sus mejores números.

Según los últimos balances oficiales de agosto, en lo que va de 2026, los homicidios cayeron un 17,2%, los robos violentos un 13,2% y los secuestros un 41,1% .

Los ingresos irregulares por pasos no habilitados, además, se redujeron cerca de un 87% .

“Esta es la dimensión con el saldo más positivo de los primeros seis meses del gobierno”, dice a LA NACION Gabriel Negretto, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, aunque matiza: “Parte de la tendencia comenzó antes de que asumiera” .

Además, al menos por ahora, la percepción ciudadana sigue bastante más rezagada que las estadísticas.

Según Cadem, un 73% de los consultados mantiene un alto temor a ser víctima de un delito , mientras el 61% considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y el 54% cree que esta se ha vuelto más violenta.

Cuando se pregunta específicamente por Kast, los números también se le rebelan.

Apenas el 27% percibe “un cambio claro” en la forma de enfrentar la delincuencia respecto de gobiernos anteriores; un 33% reconoce una modificación, pero la considera insuficiente, y un 38% directamente no advierte una transformación significativa.

Y, efectivamente, hay razones para que la ciudadanía desconfíe.