El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar que depende de Naciones Unidas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene día y hora de tratamiento.

Por medio de un comunicado oficial, el tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) , integrantes del proyecto Sea Lion de explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas.

El gobierno del Reino Unido, que defiende la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas, también formulará su descargo.

“El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K.

Kamga , ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, informó el tribunal en un comunicado publicado en su página web.

El texto recuerda que hace una semana, la Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”.

La audiencia será abierta al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, con sede central en Hamburgo, Alemania, y que integran 21 jueces.

Mario Oyarzábal , diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional , el reclamo que el Gobierno presentó ante el tribunal.

Lo hizo al vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion , llevan adelante las empresas en las aguas circundantes a las islas.

La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno , afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.