El Ministerio del Tesoro en Guatemala presenta como una oportunidad la una nueva ley para digitalizar las compras del Estado

El Ministerio de Finanzas de Guatemala impulsa la iniciativa 6688 para sustituir la ley de contrataciones del Estado vigente desde 1992, una reforma que busca digitalizar por completo las compras públicas, ampliar las modalidades de adquisición y reforzar los controles sobre proveedores antes de que la discusión del presupuesto nacional desplace el tema de la agenda del Congreso.

La propuesta elevaría de cuatro a nueve los mecanismos de compra pública y llevaría el techo de la contratación simplificada a 300.000 quetzales , con ajustes periódicos vinculados a la inflación.

También transformaría Guatecompras en una plataforma transaccional con trazabilidad completa, en lugar de su función actual como repositorio documental.

Durante el Congreso Mercado Público 2026, celebrado recientemente, autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas expusieron los alcances de la reforma y defendieron la necesidad de reemplazar la normativa actual por una ley nueva.

El proyecto fue entregado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República en noviembre de 2025.

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado Carlos Melgar presentó los ejes centrales de la iniciativa: contratación electrónica a través de un Sistema Nacional de Compras Públicas, conversión de Guatecompras en una herramienta operativa de transacción y aplicación de mecanismos más estrictos para inhabilitar a proveedores que incumplan con el Estado.

Ese rediseño apunta a modificar la lógica con la que hoy se ejecutan las adquisiciones estatales.

Según explicó el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, citado por Infobae Centroamérica, la iniciativa no corrige de manera parcial la norma actual, sino que la reemplaza por completo para modernizar, digitalizar y agilizar el sistema desde su estructura.

La reforma busca sustituir una ley de 1992 que acumuló más de 14 cambios La legislación vigente fue aprobada en 1992 y, de acuerdo con Estrada, acumuló más de 14 reformas que generaron vacíos jurídicos y contradicciones operativas.

El diseño original estaba orientado sobre todo a infraestructura vial y compra de medicamentos, mientras el resto de adquisiciones públicas quedó sometido a un marco que el legislador describió como desactualizado.

El trabajo técnico detrás del proyecto comenzó entre 2017 y 2019 dentro del Ministerio de Finanzas Públicas , con participación de cinco agencias de cooperación internacional y unas 300 reuniones técnicas.

La directora general de Adquisiciones del Estado, Xiomara Morales , señaló que la propuesta se apoya en estudios especializados y estándares internacionales.