La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

A un año de su aprobación, la Ley de Energía Geotérmica de El Salvador establece las reglas para la prospección, exploración y explotación de los recursos del subsuelo, con un sistema de permisos, autorizaciones y concesiones para ampliar la participación en esta fuente renovable y ordenar el uso de los yacimientos.

La normativa regula la actividad geotérmica en todo el territorio nacional para generar electricidad y habilitar usos directos del calor del subsuelo, como procesos industriales, agricultura, climatización y actividades recreativas.

También define beneficios tributarios para inversiones nuevas vinculadas con centrales de generación eléctrica o su ampliación.

La ley asigna a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las tareas de regulación, supervisión y fiscalización.

La entidad debe administrar el Registro de Geotermia, tramitar permisos y autorizaciones, emitir criterios técnicos y elaborar la normativa complementaria para el sector.

La norma abre la puerta a proyectos eléctricos y a usos directos del calor La ley diferencia entre recursos de alta entalpía, cuya temperatura alcanza o supera los 150°C y que son aptos para generar electricidad, y los de baja entalpía, destinados a usos térmicos directos.

Esa distinción amplía el alcance de la actividad más allá de las centrales eléctricas .

Los recursos de menor temperatura pueden utilizarse para calefacción, refrigeración, procesos industriales, agricultura o fines recreativos, de acuerdo con las definiciones de la ley.

La normativa también delimita las áreas geotérmicas y establece zonas de no admisión.

En áreas urbanas, sitios reservados para la defensa nacional, zonas arqueológicas, bienes de uso público y espacios naturales protegidos no podrán realizarse actividades de prospección, exploración o explotación, salvo que exista autorización de la entidad competente cuando corresponda.

La ley organiza el desarrollo de los proyectos en tres fases: prospección, exploración y explotación.

Cada una requiere instrumentos administrativos distintos y obligaciones técnicas, financieras y ambientales.

Las autorizaciones de exploración son exclusivas y abarcan hasta 50 kilómetros cuadrados .

Su vigencia puede llegar a 36 meses, con una prórroga única de hasta 24 meses si la solicitud se presenta seis meses antes de la fecha de vencimiento y se justifica con documentación.