Endeudamiento y morosidad: el expediente que Kicillof querría olvidar

El sobreendeudamiento familiar, especialmente en los sectores más vulnerables, se ha convertido en un eje central del debate político y económico.

Los datos avalan la preocupación: 20,9 millones de personas poseen algún tipo de deuda y casi el 20 por ciento están en situación de mora, el nivel más alto desde la crisis de 2001, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La mayor parte de ese universo –sobre todo los más jóvenes– no apela al crédito como herramienta virtuosa para desarrollar sus proyectos, sino como un manotazo desesperado para “zafar” los gastos cotidianos: se acelera, así, una especie de bicicleta financiera en la que abundan las tasas exorbitantes y la toma de préstamos casi “a ciegas”, a través de un solo clic en el celular.

El gobierno nacional tiende a desentenderse del asunto –“es un problema entre privados” , ha repetido el Presidente en un alarde de indolencia–, pero en vísperas de una campaña electoral en la que seguramente este tema resultará gravitante, como lo ha sido en Brasil, quizá valga la pena examinar cómo actúan la oposición y el sistema político en general frente a situaciones de esta naturaleza: ¿reconocen la complejidad del fenómeno o solo buscan responsabilizar al sector que tienen enfrente sin identificar factores estructurales y situaciones de arrastre que han potenciado esta problemática social?; ¿proponen medidas eficaces y racionales frente a la emergencia o recurren al viejo truco de crear más burocracia y más gasto sin aportar soluciones? Las preguntas remiten, si se quiere, a una cuestión más de fondo: ¿cómo se debaten y se gestionan los problemas en la Argentina? ; ¿con la voluntad de depositar siempre la culpa en “el otro” o con la valentía y la honestidad intelectual de asumir responsabilidades y de abordar los desafíos en su real dimensión? Si nos sumergimos en los laberintos burocráticos de la provincia de Buenos Aires , encontramos respuestas, no por cierto alentadoras, a esos interrogantes de fondo.

En diciembre de 2022, a tres años de haber asumido como gobernador, Axel Kicillof dictó un decreto (2370/22) que ponía en marcha el llamado Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres , previsto ese mismo año en la ley 15.310, que creaba el programa “Desendeudadas”. ¿Qué función tendría el fideicomiso? Absorber las deudas de mujeres bonaerenses que se encontraban agobiadas por el peso de los préstamos y refinanciárselos a tasas mucho más convenientes.

Kicillof ha quedado afónico en estas semanas denunciando que “la política económica de Milei hace que las familias se tengan que endeudar para pagar la comida, el alquiler y las cosas indispensables”.