Frente 36 de las disidencias de “Calarca” ordenó restricciones de movilidad: reportan desplazamiento forzado de personas en Anorí, Antioquia, según la Defensoría

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó minutos antes del mediodía del sábado 12 de septiembre de 2026 sobre el recrudecimiento de las afectaciones contra la población civil en Anorí y otros municipios del nordeste de Antioquia.

Lo anterior, se reveló por la funcionaria luego de denunciar que el frente 36 de las disidencias de las Farc (Estado Mayor de Bloques y Frentes —Embf—) de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, habría impuesto restricciones de movilidad y conducta, además de ordenar desplazamientos forzados.

Por medio de un mensaje publicado en X, la titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que esas medidas atribuidas al grupo armado representan “inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario”.

Marín también exigió el levantamiento inmediato de las órdenes de control sobre la población y reclamó respeto por las normas que protegen a los civiles en medio del conflicto.

La advertencia se conoce luego de que desde la misma Defensoría, ya se había sido señalado en la Alerta Temprana 023 de 2022 y en la Nota de Seguimiento 024 de 2026, emitida en julio , que la situación en los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí estaba llegando a niveles críticos.

La Defensoría alertó sobre la expansión del Clan del Golfo y acuerdos entre grupos armados Marín indicó que el escenario de riesgo en el nordeste antioqueño está marcado por la expansión del Clan del Golfo, identificado por la Defensoría como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y por la continuidad de un acuerdo operativo entre las disidencias de “Calarcá“ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según la defensora, esa dinámica ha derivado en afectaciones continuas contra los derechos humanos de los habitantes de la región.

“Persisten repertorios de violencia asociados con la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil”, afirmó Marín, que también insistió en que la respuesta estatal debe atender las advertencias ya formuladas por la entidad.

La Defensoría pidió que las instituciones avancen en el cumplimiento de las recomendaciones previstas en la alerta temprana.

El llamado fue dirigido al Ministerio del Interior (en cabeza de Rodrigo Lara), al Ministerio de Defensa (Jorge Mora), la Gobernación de Antioquia (su mandatario, Andrés Julián Rendón), la Agencia para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia (liderado por Iván Cancino).