Von der Leyen propone un pacto para evitar que los países añadan burocracia a las normas europeas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea un pacto para evitar que los países añadan requisitos y trámites "innecesarios" al incorporar las normas comunitarias a sus legislaciones nacionales, así como revisar las obligaciones adicionales que ya existen, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.

"Una norma acordada a escala europea no puede volverse más compleja cuando se transpone o aplica a escala nacional", ha defendido la jefa del Ejecutivo comunitario en una carta remitida a los líderes de los Veintisiete, en la que plantea un 'Pacto contra la sobrerregulación' para impedir que las exigencias añadidas por los gobiernos compliquen el cumplimiento de la legislación europea y generen diferencias entre países.

En concreto, la iniciativa se dirige contra la práctica conocida como 'gold-plating' ("chapado en oro"), que consiste en introducir obligaciones nacionales que van más allá de lo exigido por la UE, por ejemplo mediante requisitos más estrictos, nuevos procedimientos administrativos o la ampliación de las actividades sujetas a una determinada norma.

Para limitar esta práctica, Von der Leyen propone que los Estados miembro se comprometan a identificar y justificar públicamente cualquier exigencia adicional que introduzcan, así como a explicar qué consecuencias tendría para las empresas y el funcionamiento del mercado único.

"Cuando un Estado miembro decida ir más allá de lo que exige la legislación de la Unión, esa decisión debe ser claramente visible para todos", ha señalado la presidenta de la Comisión, que plantea que cada país establezca políticas nacionales "eficaces contra la sobrerregulación", desde evaluaciones de los riesgos de introducir requisitos adicionales hasta la necesidad de una aprobación política expresa.

Además de evitar nuevas cargas administrativas, Von der Leyen plantea actuar sobre las que ya están en vigor mediante un mecanismo de "revisar y eliminar", con el que la Comisión y los gobiernos identificarían los ámbitos en los que las normas nacionales imponen "cargas importantes" a las compañías u obstaculizan su actividad en otros países de la UE.

"Mediremos el éxito por la burocracia que eliminemos y por el tiempo y el dinero que ahorren las empresas", ha asegurado la conservadora alemana, que propone incorporar este seguimiento al Semestre Europeo, el procedimiento anual con el que Bruselas examina las políticas económicas de los Estados miembro y formula recomendaciones específicas para cada país.