Emergencia en discapacidad: qué se discute en el Congreso y por qué preocupa la continuidad de terapias y traslados

La continuidad de tratamientos, traslados y apoyos para personas con discapacidad vuelve a quedar en manos del Congreso.

Los legisladores debatirán la prórroga de la emergencia en discapacidad antes de que venza en diciembre, en medio del desfasaje entre los aranceles, la inflación y los costos que afrontan instituciones, transportistas y profesionales.

Además, las comisiones prevén reunirse los días 16 y 23 , mientras familias y prestadores advierten que las demoras en los pagos ya reducen servicios e interrumpen terapias.

El acceso al sistema comienza con el Certificado Único de Discapacidad, emitido por las provincias después de la evaluación de una junta médica interdisciplinaria.

Ese documento habilita tratamientos, transporte y algunas asignaciones para las personas que cumplen las condiciones establecidas.

La analista María Migliore explicó en Infobae A las Nueve que el siguiente eslabón es el nomenclador, el mecanismo que fija cuánto cubre el Estado por terapias, tratamientos y otros servicios.

El principal conflicto surgió porque durante 2024 la inflación avanzó por encima de las actualizaciones de esos valores.

Aranceles atrasados y pagos de hasta 90 días Los centros, profesionales y transportistas deben afrontar sus gastos antes de cobrar las prestaciones que brindan.

Los pagos pueden llegar entre 30, 60 y 90 días después de la facturación , un plazo que se suma a aranceles que no alcanzan para cubrir el funcionamiento.

“ Ese fue el eje de conflicto mayor ”, sostuvo Migliore sobre la diferencia acumulada entre los valores establecidos y los costos reales.

La falta de actualización alcanza a instituciones, profesionales, transportistas y escuelas especiales que integran la red de atención.

“El nomenclador no se actualiza” , afirmó la analista.

A su juicio, la demora agravó un problema previo vinculado con los tiempos de pago y trasladó la presión financiera a quienes prestan servicios de manera directa.

Las familias también enfrentan negociaciones con obras sociales y prestadores para obtener autorizaciones.