Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz tienen un nuevo problema: Procuraduría indagaría los esquemas de protección de las dos jóvenes cercanas al Gobierno Petro
La Procuraduría General de la Nación habría abierto una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad otorgados a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La actuación también cobija al Ministerio del Interior y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), de acuerdo con documentos divulgados por la revista Semana .
El organismo disciplinario buscaría determinar bajo qué criterios se aprobaron las medidas para ambas exfuncionarias y si se cumplían las condiciones requeridas para mantenerlas.
El expediente citado por el medio señala que la revisión se concentra en posibles fallas dentro de los trámites de protección.
En el caso de Muñoz, la documentación conocida indica que habría recibido un esquema desde el 19 de agosto de 2026, bajo una norma destinada a dirigentes o activistas políticos.
La investigación surge pocos días después de que un juez avalara el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación por el proceso relacionado con la obtención de diplomas de la Fundación Universitaria San José.
Guerrero recibió una pena de tres años tras aceptar responsabilidad Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal y recibió una condena de tres años, además de una inhabilidad de dos años y cinco meses para ejercer cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Durante la audiencia, ofreció disculpas públicas.
“Pido perdón al país” , afirmó ante el juez.
También sostuvo que no buscó causar daño, aunque reconoció las consecuencias de sus decisiones.
Según la Fiscalía, Guerrero obtuvo títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir los requisitos exigidos.
Los documentos fueron expedidos en julio de 2025 y luego anulados por la institución educativa.
El secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, también fue condenado a tres años tras aceptar un preacuerdo.
La justicia determinó su responsabilidad como cómplice por la expedición de los documentos académicos.
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