Río Negro definió las compensaciones para 14 municipios, pero ¿qué exigencias prevé en su convenio?

Los convenios de compensación de la coparticipación entre el Estado provincial y 14 municipios se firmarán el próximo lunes 21 de septiembre.

El gobierno rionegrino calcula su liquidación a partir de octubre y, por eso, pretende el tratamiento legislativo en la sesión del jueves 24.

Los intendentes fueron citados para esa fecha y, previamente, recibieron los textos de los convenios , que formalizan exigencias de la Provincia: los fondos adicionales no podrán destinarse a salarios, deberán informar cada seis meses sobre sus cuentas, la masa salarial, la deuda , como también, detallar el uso de la compensación.

Cada jefe comunal recibió también el número inicial de la compensación (ver infografía), previéndose una fórmula de actualización.

El total de las asignaciones sumará unos $ 1.029 millones mensuales (aproximadamente US$ 685 mil, cotización de ayer en el Banco Nación). El último trimestre representará $ 3.087 millones (algo más de US$ 2 millones).

La nómina de 14 municipios beneficiados -que constituyen aquellos con más crecimiento poblacional, según el último censo del Indec- está encabezada por Fernández Oro, con la mayor suba porcentual: el 52%. Siguen Dina Huapi (50%), El Bolsón (27%), Cipolletti (11%); Cervantes (9%), Los Menucos (8%), Bariloche (5%), Catriel (5%), Roca (2%), Comallo (2%), Ramos Mexía (1%), y Huergo (0,2%).

El convenio propuesto a los intendentes contiene siete cláusulas, un anexo con el monto asignado y, en las primeras páginas, se plantean los antecedentes que explican esta compensación, con “dos objetivos fundamentales”: “reconocer la realidad demográfica” y “preservar la estabilidad y previsibilidad financiera del conjunto del sistema municipal”.

Entre las condiciones, la Provincia delimita el destino del dinero. Se deberá utilizar -se indica- para sostener y mejorar los servicios públicos esenciales, ejecutar “infraestructura vinculada” con esas prestaciones y “adquirir bienes de capital” para fortalecer “su capacidad operativa”.

La redacción establece la prohibición expresa de que los fondos puedan ser “aplicados, directa o indirectamente, al gasto de personal del municipio”.

Hay otra exigencia generalmente incómoda para las administraciones. El gobierno provincial quiere información de carácter fiscal.