Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, con 57 de los 60 votos, la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) , por solicitud del gobierno central.

La reforma elimina duplicidad de funciones, reduce gastos administrativos y traslada el Programa de Protección de Víctimas y Testigos al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

El ministro de Justicia y Seguridad , Gustavo Villatoro , defendió la iniciativa ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea.

La comisión aprobó por unanimidad un dictamen favorable.

El decreto establece que el proceso de liquidación deberá concluir el 31 de diciembre de 2026 .

Villatoro informó que la UTE cuenta con 43 empleados y que el proyecto contempla un mecanismo de evaluación para definir qué trabajadores continuarán vinculados al programa de protección de víctimas y testigos.

El resto del personal recibirá indemnización conforme a las disposiciones incluidas en la propuesta de ley.

“Hay una fase de evaluación.

Los que cumplan las condiciones quedarán siempre dentro del programa y los que no van a ser liquidados”, explicó Villatoro durante la sesión.

La UTE tenía más de USD 6,5 millones de presupuesto Villatoro indicó que la UTE recibió un presupuesto superior a los USD 6,5 millones, de los cuales más de USD 4,5 millones correspondían al Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

Según sus cálculos, el presupuesto vigente para 2026 supera los USD 2,4 millones.

El funcionario aseguró que la reducción presupuestaria permitió trasladar recursos hacia otras áreas del sector seguridad.

“A este momento ya son USD 4 millones más que hemos ahorrado , es decir, trasladado de manera eficiente donde necesitamos”, señaló.

También afirmó que el Ejecutivo no requerirá refuerzo presupuestario del Ministerio de Hacienda para pagar las obligaciones derivadas de la liquidación, incluidos los contratos vigentes, los compromisos pendientes y las indemnizaciones laborales.