Dos meses del terremoto en Colombia: Defensoría pidió reabrir el registro de damnificados y Ungrd entregó nuevo balance de la emergencia
La Defensoría del Pueblo pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reabrir el registro de damnificados dos meses después del terremoto registrado el 10 de agosto, para ampliar la asistencia a las familias afectadas en Colombia.
El sismo dejó 335 personas fallecidas, cientos de heridos y miles de hogares sin vivienda ni medios de subsistencia.
“ Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados .
La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos”, dice un comunicado emitido por la Defensoría.
La emergencia alcanzó a 500 municipios de 16 departamentos y profundizó desigualdades ya existentes en zonas rurales y urbanas.
La propia institución también reportó daños en su infraestructura y entre sus funcionarios, funcionarias y colaboradores.
La entidad sostuvo que el acceso a la ayuda estatal aún enfrenta barreras para parte de la población afectada.
Por eso reclamó que la recuperación incluya vivienda, servicios de salud, educación y alternativas para reconstruir los medios de vida.
Vivienda, participación comunitaria y uso de recursos La reapertura del registro permitiría incorporar a personas que no lograron acceder a la asistencia institucional durante la emergencia.
La Defensoría del Pueblo también solicitó ampliar la atención en los municipios golpeados por el sismo.
“Garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás.
Fortalecer la prevención y la planificación territorial.
Proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático” , dijo la entidad a través de una publicación en X.
La recuperación, planteó el organismo, debe contemplar mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos destinados a afrontar las consecuencias del desastre.
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