Malvinas y seguridad: una especialista advirtió que el proyecto incorpora facultades que exceden el reclamo de soberanía

Desde la ocupación británica de 1833, la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas .

Ahora, el Congreso analiza un proyecto de ley que podría ampliar las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia.

La iniciativa prevé sanciones para las empresas que operen allí, pero también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y medidas sobre desinformación y financiamiento.

Mariana Altieri , politóloga especializada en geopolítica indicó que esa combinación excede el reclamo territorial argentino.

El caso de Malvinas está encuadrado por las Naciones Unidas como una cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras las posiciones británicas e isleñas sostienen la autodeterminación de los habitantes.

Para Altieri, afirmar que las islas tienen ese derecho implica una falsedad: “ Si vos decís que las Malvinas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, estás desinformando ”.

La especialista respaldó que Argentina desarrolle una campaña propia para responder a esas narrativas, pero rechazó que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.

“Están mezclando dos cosas y están poniendo a Malvinas como mascarón de proa” , afirmó Altieri en Infobae A las Nueve.

Su planteo es que el Congreso separe los temas y trate con tiempo una eventual reforma de la política de seguridad y defensa.

Un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones cuestionadas La creación de un Consejo de Seguridad Nacional funciona, según la analista, como un posible “caballo de Troya”: el reclamo argentino por las islas permitiría incorporar una estructura estatal cuyas funciones excederían la disputa de soberanía.

“Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, señaló.

Argentina estableció una separación entre la defensa nacional y la seguridad interior durante la transición democrática.

La Ley de Defensa contempla agresiones de actores estatales externos, mientras la seguridad interior se ocupa de problemáticas dentro del país.

Altieri sostuvo que esa distinción debe preservarse, aunque reconoció que el país necesita abordar cuestiones complejas como el crimen organizado, el narcotráfico, la protección de infraestructuras y las funciones de las agencias estatales.