Falta la firma de Newsom: el proyecto de ley de California que obligaría a revelar llamadas al 911 desde centros de detención

California dejó en manos del gobernador Gavin Newsom la decisión final sobre la SB 423 , una iniciativa que busca ampliar el acceso público a registros de emergencias relacionados con centros de detención en California .

La propuesta alcanza llamadas al 911 y otras comunicaciones que informen sobre incidentes ocurridos dentro de instalaciones privadas.

Qué establece la SB 423 sobre las llamadas al 911 El texto de la SB 423 establece que las agencias estatales o locales deberán entregar, ante una solicitud de cualquier integrante del público, las grabaciones de llamadas telefónicas u otras comunicaciones que reporten o describan un incidente dentro de una instalación privada .

La obligación también alcanza las transcripciones y las comunicaciones escritas vinculadas con esos hechos.

La iniciativa define como “ incidente ” a una enfermedad o lesión mental o física, un intento de suicidio, un presunto delito o cualquier emergencia.

Además, incluye ciertos documentos de una agencia policial relacionados con el reporte, la investigación o las conclusiones sobre esos episodios.

La Ley de Registros Públicos de California ya obliga a las agencias estatales y locales a entregar determinados documentos ante una solicitud.

La SB 423 modifica ese marco y establece de manera expresa que estos archivos vinculados con establecimientos privados no tienen carácter confidencial .

SB 423: qué información podrán reservar las autoridades en las investigaciones El proyecto establece límites específicos para los expedientes de investigaciones activas.

Una agencia policial podrá retener escritos vinculados con una pesquisa si su difusión interfiere de forma sustancial con el trabajo en curso, por ejemplo, cuando pueda poner en riesgo a un testigo o una fuente confidencial .

Sin embargo, esa excepción no habilita a retener las grabaciones o transcripciones de las llamadas alcanzadas por la norma ni las comunicaciones escritas que reporten el incidente.

El texto también exige eliminar el nombre o número identificatorio de determinadas víctimas.

La misma reserva puede alcanzar a denunciantes, testigos o informantes cuando exista una razón concreta para considerar que la divulgación pondría en peligro su seguridad física.

Estas protecciones de privacidad forman parte del equilibrio que propone la iniciativa entre el acceso público a los registros y el resguardo de las personas involucradas.